Leyes y medios

DEBATE POR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE RADIODIFUSIÓN (22.285)
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa las trotativas para la modificación de la Ley de Radiodifusión. Ante esta medida, se abren incógnitas que prestan al debate: ¿Democratización mediática o conveniencia política?

En principio, cabe recordar, que esta ley fue sancionada en septiembre de 1980, en plena dictadura militar y que, desde ese entonces y hasta la actualidad no sufrió grandes modificaciones a pesar de las grandes fluctuaciones que sí padeció nuestro sistema histórico-político.
Sin embargo, las propuestas y los requerimientos de cambio no vienen de ahora, aunque en la actualidad el tema haya tomado gran repercusión.
Desde 1999 hasta la fecha, hay 214 proyectos de ley relacionados con la radiodifusión en la Cámara de Diputados. Se trata de solicitudes de modificación y derogación de artículos de la actual ley 22.285.
Hace años que hay, entonces, propuestas para avanzar en este tema y, en consecuencia, presiones de diferentes sectores por lo que no se llega a un acuerdo.
Ahora bien, ¿Cuáles son los argumentos que plantea la presidenta para sostener y defender la necesidad de una modificación en la radiodifusión?
Fernández de Kirchner asegura que en los medios de comunicación debe prevalecer la “objetividad de información antes que los intereses económicos” y que se tiene que asegurar “un sistema de transparencia que garantice la mayor objetividad”.
En cuanto a esto, podríamos decir que nunca puede ser objetivo un sistema que se regula directamente desde el poder ejecutivo ya que la presidenta de la nación es un sujeto que, como todos, posee opiniones e ideologías que le son propias, así como también, intereses personales consciente o inconscientemente puestos en juego en la toma de decisiones. Es decir, que tiene completa subjetividad.
Además, por otro lado y más allá de cualquier modificación, sería imposible de comprobar y regular (como se quiere y se plantea en este anuncio) que las empresas informativas prioricen la objetividad de la información por sobre sus intereses.
La presidenta agregó a su lista de argumentos para cambiar la ley que “los ciudadanos deben ser los titulares del derecho a la información y no los periodistas”. Pero en principio, para que fuese de ese modo, las reuniones para el debate de las comunicaciones no deberían centralizarse en Casa Rosada con grupos cerrados. Sino que se debería establecer un sistema para incluir al pueblo en la decisión, cuando menos realizar un censo respecto de cómo consideran y que creen necesario cambiar los ciudadanos del sistema de las comunicaciones.

La mandataria agregó, en sus discursos, que la nueva ley también incorporaría el avance tecnológico surgido en los últimos tiempos en las telecomunicaciones. Y, si bien, esto es sumamente necesario y correcto, no lo es el hecho de que diariamente sean levantadas y censuradas múltiples páginas y sitios Web por emitir opiniones contrapuestas con el oficialismo. Por cuanto la modificación también inquiere, según las declaraciones de la presidenta, en un ajuste al sistema democrático regente, por tratarse de una ley promulgada por los dictadores Jorge Rafael Videla y José Martínez de Hoz, entre otros.

La presidenta se reunió con representantes de la comisión para la radiodifusión democrática y otros dirigentes que le presentaron 21 puntos por una ley de radiodifusión para la democracia; estos, fueron confeccionados en 2004 e ignorados por el Congreso que en ese entonces se cobijaba bajo la presidencia de Néstor Kirchner, lo que resulta de destaque. Aún más, cuando el --en ese entonces- presidente argentino, había prorrogado las licencias de radio y televisión por 10 años, y hoy, se ruega por la pluralización y la descentralización mediática. Algo que resulta netamente contradictorio, ya que actualmente el matrimonio lucha unido por la causa.
Pero: ¿Por qué entonces hoy se pelea por la diversidad y para la imposibilidad de la concentración mediática?
Sin duda esto viene a colación del enfrentamiento entre el gobierno y Clarín, actualmente el mayor grupo mediático en la Argentina, que se produjo durante el conflicto tras el anuncio de la suba de retenciones a las exportaciones agrícolas.
Se retomó el debate por la ley luego de esta pelea y posteriormente a las declaraciones del piquetero Luis D`Elía contra el grupo Clarín en Todo Noticias (TN) y de los rumores de que el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Igor, habría hecho una oferta multimillonaria a Telefónica para quedarse con TELEFE.

Podríamos hablar entonces de una defensa por parte del gobierno. La modificación de la Ley en cuestión parece ser una excusa para salvaguardar la integridad política. Parecería ser un arma para salir a declarar una falta de democracia en los medios solapando una lucha en contra de medios opositores. (Rivalidad que consintió el ex presidente Kirchner al enarbolar un cartel en un acto en Once el pasado 9 de abril con el lema “Clarín, el Gran sojero argentino” –parafraseando el lema del diario y mostrando su disgusto con el medio y los agricultores- y vanagloriando otras pancartas como “TN: Todo Negativo” y “Clarín Miente” que fueron portadas por grupos de Moyano)
Esto queda en evidencia, además, al revisar la Ley de radiodifusión original, que posee artículos que avalan al Poder Ejecutivo para realizar cambios y, si se quiere, censurar o multar a medios, (en este caso al grupo Clarín).
Con ese respaldo legislativo entonces, podrían regular o fustigar al medio acalladamente, pero sin embargo se abrió un debate público.
Para citar ejemplos, en el artículo nº 3 de la ley 22.285, se expresa el atributo del Poder Ejecutivo de controlar, orientar e inclusive administrar los servicios de radiodifusión, por lo que podría emplearse sin dar explicaciones ni abrir debates.
Además, existen artículos vigentes que no se cumplen y podrían ejercerse en lugar de modificar la ley, como el Nº 5, 7, 16, 18, 19,21 y 45, entre otros.
Estos incluyen: colaborar con el enriquecimiento cultural de la población; no perturbar la intimidad de las personas ni del público; no brindar y exhibir información de fuentes no chequeadas o inseguras que puedan alarmar al pueblo; incluir –siempre- obras nacionales e interpretaciones de artistas argentinos (siendo que existen diversas FM de música exclusivamente internacional, a modo de ejemplo); no emitir mensajes de partidismo político ni publicidades políticas, las cuales abundan en mensajes implícitos en la actualidad.
Muchas de estas pautas no son practicadas, ni castigadas.
Además de -específicamente en el articulo 45- aclararse que los dueños de los medios deben poder demostrar el origen de sus fondos y no tener causas civiles ni penales; lo cual no se incluye en los requisitos que debería poseer Ernestina de Noble como dueña y directora del Multimedio en cuestión, quién fue encausada por malversación de fondos, fraudes al Estado, lavado de dinero, supresión de identidad y apropiación de hijos de desaparecidos.
¿Por qué desde la presidencia no se rige y emplea la ley vigente en lugar de modificarla? ¿Por haber sido dictada en los años de represión y gobierno de facto meramente?
Esto podría deberse a la necesidad del gobierno de hacer publico su disgusto con el “monopolio” Clarín y hacer llegar a los ciudadanos este mensaje.
Para culminar, otra de las ironías, es la de declarar que para la reforma de la ley se contemplaran “los intereses de todas las empresas periodísticas”, algo contradictorio e imposible

“Toda persona tiene derecho a investigar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura, a través de la radio y la televisión”, dijo Fernández de Kirchner en su mayor contradicción discursiva. A lo que agregó que “los medios públicos sean del Estado y no gubernamentales”, mientras que de una u otra forma estos siempre son y serían regulados por el gobierno, por lo que se torna relativo y siendo que “estado” incluye a la ciudadanía y los ciudadanos pueden ser censurados al hablar o emitir “alguna que otra” opinión.